¡El gobierno debe revocar el severo aumento de la tarifa eléctrica, frenar los planes privatizadores en el sector energético y completar la discusión del Pacto Eléctrico!

Organizaciones del Sector Social del Pacto Eléctrico rechazan el abusivo aumento de la Tarifa Eléctrica,
que casi triplica la factura a las familias que consumen menos de 300 kvh y que son más del 90% de
los/as consumidores/as, mientras se dispone rebajas a favor de los grandes usuarios y compradores de
electricidad, castigando brutalmente la economía popular, como ha determinado recientemente la
Superintendencia de Electricidad.

Este “Palo acecha´o”, aun como fórmula progresiva, es inaceptable para las familias y el pueblo
consumidor. Esta es solo una muestra de las verdaderas intenciones con que se simuló la firma de un
documento de Pacto Eléctrico, viciado de ilegalidad y de irregularidades institucionales, que solo
pretendían asegurar impunidad a la estafa de Punta Catalina y garantizar el negocio de los grandes
generadores y compradores de electricidad.

El verdadero objetivo de simular el Pacto Eléctrico en febrero pasado, ha quedado al desnudo con la
decisión de elevar la tarifa al consumidor, asegurar los negocios de los generadores y grandes
compradores de energía y facilitar impunidad en la estafa de Punta Catalina. Es claro que no hubo ni
hay Pacto Eléctrico.

Este ha sido un proceso sucesivamente abortado. Ahora se vuelve sobre lo mismo, solo cediendo a las
presiones de los grupos monopólicos del sector generador y de los grandes compradores de
electricidad.

Las organizaciones de la sociedad civil participantes del proceso del Pacto Eléctrico, hemos cuestionado
tanto la forma en que fue “firmado” como el contenido incompleto del referido documento de Pacto
Eléctrico. Esas situaciones nos llevaron a no firmar el citado pacto. No se ha respetado el debido
proceso, violentando nuestro derecho a la participación y, por tanto, irrespetando la constitucionalidad
del Pacto.

Y ahora es peor porque se vuelve a violentar la institucionalidad del Consejo Económico y Social, pues
sin que este haya aprobado formalmente, se anuncia un Decreto del Poder Ejecutivo, indicando la
supuesta aprobación de un REGLAMENTO DEL PACTO ELÉCTRICO, que no fue refrendado por el Sector
Social legítimamente representado en la Comisión de Veeduría del CES, en la Comisión Ejecutiva y los
restantes órganos de dirección del CES.

La pública aceptación, por parte del gobierno, en voz de autoridades del sector y del propio Presidente
de la República, de que “el Pacto Eléctrico debía ser completado”, es el mejor testimonio de que el
documento del Pacto excluyó elementos fundamentales propuestos por el Sector Social, que fueron
calificados como disensos pendientes o simplemente omitidos.

En tal virtud, solicitamos una vez más, ahora públicamente, ante el trato que se da a los diferentes
sectores de la sociedad civil, empeñados en hacer aportes para la construcción de los procesos
económicos, sociales, políticos y culturales, ser escuchados por las instancias habilitadas para construir
consensos y concertación en la sociedad, siempre con el firme propósito de defender los intereses de
la ciudadanía y los bienes públicos de todos y todas.

Como concluyamos el Pacto Eléctrico será un claro ejemplo de lo que podríamos esperar de los debates
y discusiones sobre reformas y políticas públicas respecto de los diversos temas de interés para
gobernantes y gobernados en la República Dominicana, incluidos los propuestos por el propio
Presidente de la República.

Firmantes:
1- Foro Ciudadano (FC)
2- Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa y Comunitaria (IDEAC)
3- Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECON)
4- Articulación Nacional Campesina (ANC)
5- Ciudad Alternativa
6- Asociación Nacional de Comerciantes Detallistas
7- Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP-UASD)
8- Federación Nacional de Asociaciones Discapacidad (FENADIS)
9- Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA)
10- Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA)
11- Fundación Justicia y Transparencia (FJT)
12- Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CONDETRE)
13- Hermandad de Pensionados de la CDEEE (HEPEJCODE)

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